Resumen: Recurre la empresa su condena por despido improcedente por entender que la extinción del contrato respondía a acreditadas causas objetivas pues al haber finalizado los contratos de arrendamiento de servicios se produjo una reducción de actividad que afectó, entre otros, al trabajador demandante; sin que ello tenga relación alguna con otras actividades generales de la empresa concernidas por la reducción de actividad derivada del COVID-19. Desde la condicionante dimensión jurídica que ofrece el inalterado relato judicial de los hechos (a relacionar con la jurisprudencial hermenéutica de la normativa de coyuntura recaída en el contexto de la Pandemia) advierte la Sala que la actividad (de mantenimiento ferroviario) a desempeñar por el actor se vió negativamente afectada por la misma al limitarse drásticamente los desplazamientos y, con ello, la carga de trabajo de la actividad principal de la empresa demandada que tenía, ello no obstante, otros clientes minoritarios con inclusión de actividades referidas a los contratos por cuya conclusión se pretende justificar el cese del demandante, sin que la empresa acredite (respecto a la misma) el concurso de las causas productivo- organizativas ni tampoco que su medida resolutoria sea independiente en sus efectos de los derivados de las medidas COVID-19. Contratos éstos que no solo han tenido una duración superior a la estimada inicialmente, sino que, al tiempo del despido, se mantenían las reparaciones con personal desplazado.
Resumen: Se procedera al descuento de la indemnización legal percibida por la actora en el momento de la comunicación del despido objetivo ya que, de conformidad con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Socia en los supuestos de declaración de improcedencia de la decisión extintiva por causas objetivas, el órgano judicial acordará, en su caso, la compensación entre la indemnización percibida y la que fije la sentencia, lo que determina la estimación parcial del recurso, en los términos expuestos.no puede entenderse concurren las causas económicas invocadas, ni tampoco las organizativas, por no acreditarse la producción de cambios en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio. Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural ...", que "3. Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo ... En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumpli
